El máximo Tribunal anuló la resolución edilicia, tras establecer que la municipalidad está obligada por ley a instruir un sumario administrativo que defina la procedencia del despido del demandante.
El Tribunal, tras la deliberación de rigor, dio por acreditado tanto la ocurrencia de los delitos como la participación culpable de la acusada en los hechos.
La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Prado, quien fue del parecer de confirmar la sentencia en alzada.
El ministro Mesa Latorre informó que los restos óseos corresponden a Pedro Segundo Pedreros Ferreira, según lo informado por el laboratorio austriaco que realizó los análisis.
El tribunal a quo se limitó a fijar dogmáticamente la indemnización sin proporcionar ningún tipo de fundamentación o cálculo que le otorgue sustento válido.
La gestión pendiente incide en un reclamo de ilegalidad, de que conoce la Corte de Chillán, en los que la requirente reclamó respecto a una multa impuesta por la SEC.
La Corte Suprema ordenó el cese de los descuentos efectuados sobre la remuneración del actor y la restitución del dinero ya descontado dentro de décimo día.
La sentencia busca fijar parámetros para la apreciación de la credibilidad de la víctima, orientando la percepción del tribunal en el proceso de convicción.
Corresponde ahora que la iniciativa en primer trámite constitucional sea analizada por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
Los requirentes estimaron vulnerados el derecho de asociación, la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad.
