La primera sentencia del Tribunal Supremo contenía conclusiones que prejuzgaban la cuestión de la culpabilidad del actor en los procedimientos posteriores. Además, el segundo fallo del Tribunal contenía un lenguaje similar al primero, demostrando que, en general, no había llevado a cabo un nuevo examen del caso.

Los parlamentarios de la Cámara Alta pusieron el acento en la necesidad de hacer justicia marcando un antes y un después a la hora de enfrentar el terrorismo.

Se concluyó que tal conducta perturba el ejercicio de funciones públicas, puesto que las imágenes fueron transmitidas en vivo a través de la plataforma oficial de la Cámara Baja.

La Corte se muestra escéptica a la inmunidad absoluta de Trump al considerar que solo las actuaciones propias de las funciones de un presidente están blindadas por la inmunidad presidencial y no aquellas que tienen carácter personal, aunque el debate prosigue.

La magistratura estimó que la salud de la funcionaria es incompatible con el cargo, pese al informe de la Compin que concluye que es recuperable. No obstante, la cantidad de días de ausentismo fue determinante, pues en opinión de los magistrados “supera largamente el mínimo de 180 días que establece la norma”.

La intención del legislador fue establecer un trato más severo para el conductor ebrio que causa resultados graves, como es el caso de la muerte o lesiones graves gravísimas de sus víctimas, y precisamente por ello deja vedado al tribunal la posibilidad de tomar en consideración lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 68 bis del Código Penal en dichos eventos.

En su libelo la actora solicitó la restitución de 5.600 metros cuadrados de un retazo colindante a su predio de mayor extensión, y el tribunal de primer grado dio lugar a la acción ordenando restituir “0,52 hectáreas del retazo”, sin ningún tipo de singularización respecto de la ubicación y deslindes de la porción litigiosa, requisito fundamental de la acción contemplada en el artículo 889 del Código Civil.

Se deben resarcir los gastos que la lesión produce en el desarrollo de la vida ordinaria del lesionado hasta el final del proceso curativo o estabilización de la lesión y su conversión en secuela, siempre que se justifiquen y sean razonables en atención a sus circunstancias personales y familiares.

Marbury vs. Madison no se constituye únicamente en un acto judicial que indica el deber de anular todo aquello que contradiga la Constitución. Marbury vs. Madison es el ejercicio de descubrir lo superior y dar a la supremacía su lugar, y no simplemente porque es primero, sino porque es conveniente para la convivencia social.

Entre los artículos destacados, y como un asunto estratégico y vector estructural del proyecto, está consolidar la «convergencia tecnológica» como un principio en la ley.  De esta manera, lo que hasta ahora consolidaba un ambiente divergente, con esta inclusión explícita en el cuerpo legal, se asegura que las concesiones de servicios públicos de telecomunicaciones puedan adaptarse y evolucionar con las nuevas tecnologías y servicios.