El recurrente estimó que se infringió el derecho a la vida e integridad física y psíquica de la persona y el derecho de igualdad ante la ley.
La recurrente estimó vulnerada su garantía constitucional a la igualdad ante la ley.
Correspondía a la denunciante aportar los antecedentes para tener por suficientemente acreditada la práctica antisindical denunciada.
Durante seis meses, el trabajo in situ del mecanismo permitió mantener informada a la comunidad internacional sobre los desenvolvimientos de esta crisis de derechos humanos.
Se dedujo también demanda de nulidad de despido y despido injustificado. El tribunal estimó que todas las peticiones tenían su sustento en la existencia de un contrato de trabajo, por lo que procedía el rechazo de todas ellas.
El recurrente alegó que fueron conculcadas las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N°1, 2,3 inciso 5°, 4, 11 y 24 de la Constitución Política de la República.
El máximo Tribunal trasandino sostuvo que lo resuelto por el superior tribunal de la provincia afecta de modo directo e inmediato el derecho al debido proceso adjetivo.
La decisión de remitir los antecedentes al Tribunal de base fue acordada con el voto en contra de las Ministras Chevesich y Muñoz.
El Tribunal de alzada revocó en lo apelado la sentencia impugnada, dictada por 25° Juzgado Civil de Santiago, y rechazó reclamo de comunidad de edificio Parque Sacramentino 3 contra la sanción.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal de las recurridas al no otorgar cobertura a medicamento Ainlyta recetado para tratar cáncer al riñón.
