La institución denunció que las empresas que administran cárceles concesionadas no están cumpliendo cabalmente sus contratos ni entregando implementos de seguridad para prevenir contagios por COVID-19.
La gestión pendiente incide en autos laborales, seguidos ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago, por recurso de nulidad.
En su resolución, la Magistratura Constitucional sostuvo que el requerimiento no cumple con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 84 de la LOCTC, esto es, adolecer de falta de fundamento plausible.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
Los recurrentes estimaron que se vulneró su garantía del artículo 19 de la Constitución numeral 1.
La recurrente estimó que se vulneró su garantía del artículo 19 de la Constitución numeral 16.
La recurrente estimó que se vulneró su garantía del artículo 19 de la Constitución numeral 24.
El recurrente estimó que se vulneró sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 21 y 24.
La Corte Suprema señaló que, la medida no se fundó en un procedimiento desarrollado con apego a las garantías del debido proceso.
Organismo internacional señaló la necesidad de que las políticas sanitarias y restricciones de derechos tengan un enfoque en derechos humanos.
