CGR determinó que es procedente el traslado de funcionarios de las Fuerzas Armadas en vehículos institucionales entre sus domicilios y lugares de desempeño de sus labores.
El órgano contralor sostuvo que ello procedería en la medida que tal decisión se funde en la correcta administración de los bienes que conforman la dotación material de los entes públicos, y se trate del desarrollo de tareas inherentes al desempeño institucional.