Caso español: Usurpar la identidad de una persona y que caiga en un fichero de morosos no sale gratis al infractor.
La AEPD multa a Avon con 56.000 euros por el mal uso de los datos personales de una señora que acabó en un fichero de este tipo.
La AEPD multa a Avon con 56.000 euros por el mal uso de los datos personales de una señora que acabó en un fichero de este tipo.
Corte Constitucional estudia responsabilidad de Google y Facebook en delitos.
El Tribunal de alzada ratificó la sentencia impugnada, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, en diciembre pasado.
Ministro de turno explicó que la ejecución de trabajos sin contar con RCA, como ocurre en este caso, constituye un riesgo ambiental para las dunas del sector y la biota presente en el área.
En la audiencia de formalización de la investigación, el magistrado ordenó el ingreso del oficial a la Sexta Comisaría de Carabineros de La Serena.
El Tribunal de alzada confirmó la resolución apelada, y estableció la competencia del tribunal debido a que el principio de ejecución de los delitos investigados corresponde al territorio jurisdiccional del Juzgado de Garantía de Temuco.
La Comisión recabó información sobre la ocurrencia de graves hechos de violencia en Venezuela el 23 de febrero de 2019, en el contexto de las acciones dirigidas a intentar ingresar ayuda humanitaria desde distintos puntos fronterizos en Colombia y Brasil.
El informe, analizado por LyD, señala que aun cuando la valoración del poder judicial chileno es positiva, Chile disminuyó el puntaje que mide efectividad judicial, área que evalúa el correcto funcionamiento de las estructuras legales y su capacidad para proteger los derechos de los ciudadanos.
«Quiero comenzar esta cuenta teniendo en consideración que un Poder Judicial al servicio de las personas y sus derechos requiere de completa independencia y eficacia para resolver los conflictos que le son planteados», afirmó el presidente Brito al iniciar la rendición de cuenta.
El Tribunal estableció que el ex cabo segundo de la Armada fue víctima de crímenes de lesa humanidad. El suboficial formó parte del grupo denominado «Marinos Constitucionalistas», por lo que fue sometido a vejámenes desde agosto de 1973 a octubre de 1976, en recintos de la Armada.