La acción establecida en la letra b) del artículo 9 del Decreto Ley N° 2.186 exige atender a la parte no expropiada «por sí sola», esto es, sin referencia a la existencia y características de otros bienes.

El Tribunal de alzada no hizo lugar a la acción judicial, tras establecer que no se advierte ninguna actuación u omisión ilegal o arbitraria de la parte recurrida que afecte derechos amparables.

La conducta de la recurrida se muestra carente de fundamento suficiente, si se considera que el pago por derechos de aseo responde a la circunstancia real y material consistente en la necesidad de disponer de los desechos domiciliarios cuando exista un usuario claramente identificable que mantiene el uso y goce de un lugar.

La máxima de la experiencia sobre la necesariedad de docentes que se desempeñen al interior de un establecimiento educacional llevan a determinar que se acreditó el ítem relativo al pago de remuneraciones en el periodo indicado.

El Tribunal de alzada rechazó, con costas, la reclamación deducida, tras establecer que la superintendencia actuó dentro de sus competencias al sancionar al centro de salud.

El Tribunal de alzada estableció que la información solicitada no se encuentra cubierta por el deber de reserva tributario.

El Tribunal de alzada ratificó la sentencia impugnada, dictada por el 11° Juzgado Civil de Santiago, que desestimó la demanda.

La sentencia concluye señalando que es el artículo 299 N°3 del CJM, el que resulta incompleto, al no bastarse a sí mismo, atendido a que no se mencionan los deberes militares, cuya infracción se sanciona.

La Corte de Chillán indicó que, el actuar de la recurrida no puede calificarse como el ejercicio legítimo de un derecho.

La Magistratura constitucional colombina adujo que el Decreto Legislativo no desconoce la prohibición de arbitrariedad durante los estados de excepción; no afecta ninguno de los derechos fundamentales intangibles y su contenido no contradice ninguna norma constitucional.