La recurrente estimó vulnerados las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.
No se trataba de una prestación de carácter ocasional o esporádica.
Se analizó la iniciativa legal que modifica la ley de urbanismo en materia de instalación y mantención de ascensores.
No se advierte el error de derecho denunciado en los recursos.
El juez requirente estima que el precepto impugnado infringe el derecho de propiedad.
Se condenó a la empresa demandada al pago de la suma de $ 16.100.000 (dieciséis millones cien mil pesos).
El vínculo entre las partes, según la prueba señala en el motivo previo, es de carácter laboral.
La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Peña, Hernández Emparanza y Pozo, quienes estuvieron por rechazar el requerimiento.
El texto legal dispone que toda persona mayor de 60 años o en situación de discapacidad, tendrá derecho a ser atendido preferente.
La entidad será una de las herederas del actual Servicio Nacional de Menores (Sename).
