Ello pese a haber marcado sus respectivas tarjetas al inicio y término de la jornada laboral.
No resulta jurídicamente aceptable que la municipalidad se desentienda de sus obligaciones bajo pretexto de corresponder su cumplimiento a otras reparticiones públicas.
Un Juzgado Penal de Primera instancia absolvió al hombre al considerar que no hubo delito, pero el Tribunal Superior revocó esa decisión y lo condenó a seis años de prisión. El caso llegó hasta la Corte Suprema y la Sala Penal absolvió al hombre y levantó la orden de captura que tenía vigente.
No tener una institucionalidad migratoria actualizada, moderna y clara, que permita al país enfrentar los nuevos fenómenos de presiones migratorias que se darán tras la crisis sanitaria del Covid-19 y la crisis social asociada, deja a nuestra nación sin las herramientas para enfrentar este desafío.
Vulnera las garantías de igualdad ante la ley y propiedad.
Si el término del contrato por necesidades de la empresa fue considerado injustificado por el juez laboral, simplemente no se satisface la condición, en la medida que el despido no tuvo por fundamento una de las causales que prevé el artículo 13 de la Ley N° 19.728.
El máximo Tribunal rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que confirmó responsabilidad del municipio por falta de servicio en las condiciones de seguridad en la que fue transportado el trabajador.
El máximo Tribunal rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto por el municipio, en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valdivia.
La sentencia anula las resoluciones del SEA que declararon inadmisibles las reclamaciones de las Municipalidades de Caldera y Copiapó respecto de la calificación favorable al proyecto.
La Corte de Concepción indicó que, ha sido entonces el banco, en quien recae el deber de dar eficaz custodia a los dineros depositados por su cliente.
