El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitraria de la compañía al no justificar el aumento de las cuentas de consumo de la recurrente.
Un 31 de julio de 1876, en dependencias del que fuera el Palacio de la Real Audiencia, que en dicho tiempo era sede de esta Corte y que actualmente aloja al Museo Chileno de Arte Precolombino, rendía su examen final y prestaba juramento ante los Ministros de ese tribunal, el marino, Capitán de Corbeta y, en ese momento, Segundo Comandante de la Esmeralda, señor Arturo Prat Chacón.
Reclama al Rey Emérito una indemnización por los costes de su tratamiento médico de salud mental, por la «instalación de medidas de seguridad personal y servicios diarios de protección» y por la contratación a «ex diplomáticos y ex funcionarios del Gobierno» para que interviniesen con el fin de «poner fin al acoso» que dice haber recibido.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad de la Sala del Senado y quedó en condiciones de cumplir su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Ahora el mensaje –que también apuesta por mejorar la competitividad de nuestro país atrayendo la inversión- será estudiado por las diputadas y los diputados.
Del requerimiento queda de manifiesto que el supuesto efecto inconstitucional denunciado no se deriva de la aplicación del artículo 34 de la Ley N°18.216, en su parte impugnada, sino de los artículos 127 o 128 de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería que, en todo caso, estarían destinados a ser aplicados en un procedimiento administrativo futuro y eventual, por lo que solo cabe omitir el pronunciamiento a su respecto.
Para determinar la procedencia de la devolución solicitada se debe tener presente que el artículo 36 de la Ley N°19.518, que establece el nuevo estatuto de capacitación y empleo, dispone que dicho beneficio está previsto para los contribuyentes que tributen en primera categoría de la Ley de Impuesto a la Renta.
Asimismo, deberá adoptar las medidas pertinentes para disponer el pago de las remuneraciones que ha dejado de percibir durante el tiempo en que se ha visto indebidamente alejada de la institución.
La decisión de la autoridad educativa debe tenerse por proporcionada, pues en caso de ceder se haría prevalecer la intransigencia del progenitor demandante al respetuoso cumplimiento de la normativa por parte del resto del alumnado, cuyo derecho a ver observadas las reglas de vestimenta en punto a la cabeza no puede tenerse por inferior y subordinado al de la individualidad contemplada.
Atenta contra la igualdad ante la ley, no se aviene con el principio de servicialidad y el bien común, y los recursos que se liberen se pueden destinar a satisfacer otros fines de mayor rentabilidad social.
