La recurrente estimó vulneradas sus garantías del artículo 19 numerales 2, 3 inciso 5 y 24 de la Constitución.
El máximo Tribunal revocó la sentencia apelada que acogió la petición subsidiaria de rebaja de la multa, tras establecer que, en la especie, no corresponde modificar la sanción pecuniaria aplicada a la empresa por la autoridad ambiental, por infringir el Código Sanitario.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el 22° Juzgado Civil de Santiago, que rechazó la reclamación deducida por la sanitaria.
El vicealmirante (R) Gustavo Jordán entregó antecedentes acerca de la labor del organismo, de acuerdo a lo establecido en la ley, la que determina que una vez al año esta información debe ser dada a conocer a los legisladores.
Se plantea la necesidad de avanzar con urgencia en el proyecto de ley que crea el estatuto integral contra la violencia en niños, niñas y adolescentes; así como disponer de todas las providencias administrativas para cesar toda situación de vulneración de derechos.
El máximo Tribunal señaló que, debido a que la Ley General de Servicios Eléctricos no contempla un plazo de prescripción para deducir las acciones indemnizatorias, se deben aplicar las reglas generales.
El Tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la parte reclamante en contra la sentencia pronunciada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
El Tribunal ordenó al Estado de Chile indemnizar al demandante, tras establecer que Sánchez Abarca fue víctima de un crimen de lesa humanidad, imprescriptible tanto en el ámbito penal como civil.
El Tribunal de alzada rechazó la acción constitucional, tras descartar actuar arbitrario de la Escuela Militar Libertador Bernardo O'Higgins.
El Tribunal de alzada confirmó en todas sus partes el fallo de primera instancia que rechazó la acción judicial de las empresas multadas por infracciones contractuales.
