La sentencia del máximo Tribunal español mantiene las condenas por los delitos fiscales correspondientes a los ejercicios 2006 y 2007, pero absuelve por el de 2005.
La requirente estima que el precepto impugnado infringiría el debido proceso.
La presentación de un proyecto de contrato colectivo por ex trabajadores que han sido recientemente despedidos, obedece a una maniobra abusiva.
La gestión pendiente incide en un recurso de reclamación, de que conoce la Corte de Concepción.
Corresponde ahora que la iniciativa en primer trámite constitucional sea analizada por la Comisión de Educación, Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados.
La gestión pendiente incide en autos penales, seguidos ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en los que los requirentes son querellantes por el delito de estafa.
No habiéndose acreditado error alguno que autorice al Tribunal rectificar la partida de nacimiento de la solicitante, en lo que a su sexo se refiere, se concluyó desestimando dicha pretensión.
Corresponde ahora que la iniciativa en primer trámite constitucional sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados.
En el primer fallo confirmó la sentencia que condenó al funcionario de investigaciones en retiro José Valladares Salazar a la pena de 541 días de presidio, por su responsabilidad en el delito de apremios ilegítimos con resultado de muerte de José Martínez Rojas.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario del organismo recurrido al exigir cédula de identidad al ciudadano extranjero para la celebración del enlace.
