Recurrente estimó vulnerada la garantía a la vida y la integridad física y la protección a la salud.
De acuerdo con la autora, la ocupación masiva de terrenos representa una de las mayores problemáticas en materia de tierra y vivienda.
En subsidio se demandó por despido injustificado, pretensión que fue acogida por el tribunal.
El ente contralor concluyó que al no haberse dispuesto el alejamiento de la peticionaria en forma motivada, procede que sea reincorporada a sus funciones en los mismos términos de su última contratación.
En subsidio demandó por despido injustificado, pretensión que igualmente fue desestimada.
Las gestiones pendientes inciden en autos civiles seguidos ante Juzgado de Letras y Garantía de Freirina, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Copiapó, por recurso de apelación de incidente.
La Corte explicó que corresponde al Estado garantizar las condiciones mínimas de vida digna y, para ello, debe prestar asistencia y protección a las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad.
La gestión pendiente incide en autos civiles seguidos ante el 16° Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago.
El Tribunal acogió la demanda subsidiaria y ordenó al plantel universitario pagar al demandante la suma total de $45.401.491 por prestaciones adeudadas.
Se constituyó en la Base Naval de Puerto Montt para realizar una inspección al gimnasio del recinto militar, en el contexto indagatorias que sustancia por aplicación de tormentos que se habrían perpetrado en 1975.
