La decisión fue adoptada con el voto en contra del Ministro Aránguiz.
El autor considera que los poderes públicos juegan un papel esencial, toda vez que deben hacerse cargo de todos los intereses presentes, tratando de atenuar los excesos del enfoque de la sharing economy.
Se estimó que los hechos descritos, eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías constitucionales.
El recurso se fundó en la causal genérica del artículo 477, y subsidiariamente, en las causales específicas del artículo 478, letras b) y e), todos del Código del Trabajo.
La gestión pendiente incide en autos sobre reclamo de ilegalidad, de que conoce la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
La recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, debido proceso y su derecho de propiedad.
De este modo, el máximo Tribunal confirmó la sentencia de la Corte de Valparaíso.
Los Ministros Hernández Emparanza y Silva estuvieron, además, por declarar inadmisible el requerimiento al estimar que no existe gestión judicial pendiente.
La recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, el debido proceso y su derecho de propiedad.
El autor considera que la finalidad del estudio radica en establecer si el dictado de una sentencia de estas características autoriza a disponer, sin más, el encarcelamiento y, en caso afirmativo, bajo qué condiciones corresponde proceder de tal modo.
