La Corte Suprema confirmó la sentencia que rechazó el recurso de protección al estimar que no se cumplía con las exigencias reglamentarias.
Si una persona ha cumplido el tiempo máximo de prisión preventiva permitido por la Constitución sin contar con sentencia condenatoria en su contra, debe ser puesto en libertad sin necesidad de orden judicial.
La acción cautelar no se encuentra naturalmente destinada a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones cumplidas en un proceso disciplinario administrativo.
A través de una resolución, se plantea la necesidad de fortalecer esta modalidad económica y de trabajo a distancia, con apoyo, además, de la infraestructura base que la sustente.
El CPLT denegó correctamente el acceso a información que es reservada por incidir en antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales.
El máximo Tribunal desestimó el recurso al no acompañar la parte recurrente sentencias de cotejo que permitan efectuar la comparación propuesta.
Se resalta la necesidad de aumentar los recursos destinados a salud mental para tratar diversas problemáticas que enfrentan niños, niñas y adolescentes y, así, reducir indicadores negativos, por ejemplo, en materia de suicidios o de consumo de drogas.
Los senadores intercedieron para que el MTT dialogue con las autoridades, empresarios de distintos recorridos y colectiveros de la región de O’Higgins.
Los requirentes estiman que se le afecta su derecho al debido proceso, al no haber sido notificados legalmente del requerimiento de pago de contribuciones que terminó con el remate de un inmueble de su propiedad.
La actora fue sancionada gravemente sin que existiese una verdadera supervisión previa, en circunstancias que el organismo debe verificar hasta tres el supuesto incumplimiento antes de aplicar la sanción impugnada.
