Se ocasiona un daño no sólo a nivel personal sino a nivel familiar atendido el tiempo de residencia en nuestro país y el contar con familia constituida.
La CIDH destaca que las esterilizaciones no consensuadas causan dolor y sufrimiento a las mujeres afectadas y representan una forma de violencia y discriminación de género.
Existiendo presencia de radiación en el sitio de trabajo de la actora, ésta no causó daños debido a su baja intensidad.
Se condenó al Hospital Clínico San Borja Arriarán a pagar una indemnización total de $19.632.111.
El mismo asunto que ha servido de sustento a la acción constitucional promovida en estos autos se ha denunciado ante la Fiscalía Local de Las Condes.
Se recurrió de nulidad invocando el artículo 478 letra c) del Código del Trabajo.
De este modo, el máximo tribunal revocó la sentencia de la Corte de Rancagua.
Cabe recordar que en primera instancia se estableció que Nueva Masvida es la continuadora legal de la Isapre Masvida, por lo que debe pagar las prestaciones adeudadas a las demandantes.
El Estado Constitucional como evolución del Estado de Derecho y el Estado Democrático y Social, parece ser aún nuestro mayor marco evolutivo de una sociedad organizada políticamente.
La gestión pendiente incide en autos sobre tutela por vulneración de garantías fundamentales, seguidos ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel.
