La Magistratura constitucional colombiana expresó que, a pesar de haber transcurrido 15 años desde el inicio del proceso, la actuación no había sido remitida al juez competente para adoptar la decisión de fondo sobre la extinción del derecho, afectándose así el deber del Estado de garantizar una justicia pronta, cumplida y eficaz.

La demanda se interpuso por la encargada de remuneraciones del “Colegio Brother’s La Florida” en contra de la Corporación Educacional El Bosque.

El informe realizado por la División de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente no es conclusivo en lo absoluto respecto de factores técnicos que ameriten la declaración de “zona saturada” que solicitan las recurrentes.

El máximo Tribunal español adujo que no parece una medida de seguridad prohibir los comunicados e información sindicales en papel pues no se vislumbra en qué puede afectar a la seguridad de los datos personales almacenados en la empresa.

Con autoridades regionales electas, es decir, con independencia democrática de las autoridades del gobierno central, los criterios de asignación regional de los recursos deben estar previamente definidos y no depender de la voluntad de la autoridad de turno.

La “función del producto cosmético” ha de informar claramente al consumidor del uso y del modo de empleo del producto con el fin de garantizar que este pueda ser utilizado con total seguridad por los consumidores.

En virtud de los buenos resultados que han tenido las “garantías COVID-19” se propone ampliar las garantías caucionadas por el FOGAPE.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

El sentenciador no puede declarar en favor de la demandada la existencia de créditos que no se hayan alegado como excepción o demanda reconvencional, so pena de incurrir en el vicio de ultra petita.

La existencia de una dirección laboral común, complementación de giros y de un controlador común, permiten tener por configurada la unidad económica prevista en el artículo 3 del Código del Trabajo.