En la sentencia se señala que el Ejército vulneró garantías constitucionales de igualdad ante la ley, debido proceso, libertad de trabajo y propiedad, tras ser desvinculados de la rama castrense por «necesidades institucionales”, a fines de 2015.
Ricardo Lagos Weber explica que el Ejecutivo es quien concurre a la formación de las leyes y atiende la emergencia y recalca que la disposición a convocar al Senado existe en todo momento, pero siempre y cuando sea para realizar un trabajo concreto y no sólo una acción populista.
El fallo señaló “que la declaración de inobservancia del Programa, y el consiguiente reinicio del procedimiento sancionatorio, constituye una decisión debidamente motivada, y acorde al incumplimiento de las acciones constatadas por la SMA”.
Concluye destacando que todas las compañías han detectado las mismas ventajas en la mediación y comparten idénticas necesidades.
La gestión pendiente invocada recae sobre recurso de apelación conocido por la Corte de Apelaciones de Santiago.
La demandante solicitó dejar sin efecto la resolución de la SUTRAN que dispuso la clausura temporal de su local.
La decisión se tomó considerando, además, el mérito de lo informado por el ministro Sergio Muñoz, en su calidad de Coordinador Nacional de estas causas.
Expone la CIDH que dicho acuerdo fue suscrito dentro del marco de una reunión de trabajo sostenida entre las partes en Chile.
La gestión pendiente invocada recae en un recurso de casación en el fondo, de que conoce la Corte Suprema.
El fallo condenó a la empresa Telefónica del Sur S.A., a pagar una indemnización superior a los 5 millones de pesos.
