Existen más de 13.000 recursos de protección y amparo presentados entre el año 2021 y 2022 en contra del Servicio, donde más del 80% corresponden a denuncias por el tiempo de tramitación de solicitudes de permisos de residencia, por lo que se le da prioridad a los que escogieron esa vía en desmedro de las más de 500.000 solicitudes de residencia que tramita la autoridad migratoria en la actualidad, informa el recurrido.

El caso resalta la complejidad inherente a la intersección entre la libertad de expresión, la responsabilidad de las plataformas digitales y la imperante necesidad de salvaguardar la integridad democrática en el escenario digital contemporáneo.

Si bien ha sido privado de su libertad en virtud de una medida dictada conforme a derecho, en los hechos, debe soportar tal régimen cautelar en condiciones diferentes (inferiores y deficientes) a aquella que le corresponde conforme al ordenamiento jurídico vigente.

La Administración del Estado no podrá promover ni apoyar a quienes promocionen o justifiquen el consumo o tráfico ilícito de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas productoras de dependencia física o síquica.

Las autoridades deben propender por la recuperación del espacio público armonizando este deber con la garantía del derecho al trabajo de aquellos vendedores informales que, amparados por el principio de confianza legítima, se han ubicado en las zonas que se pretenden recuperar. Dicha armonización se logra implementando políticas públicas de reubicación y formalización económica.

Todo personal que compone la Administración del Estado está impedido de realizar cualquier actividad política dentro de la Administración, regla que se aplica a autoridades, jefaturas y funcionarios.

El juez estableció que se cumplen los requisitos para acceder a la acción y ordenó el pago de la suma de US$4.153.214,60, en su equivalente en moneda nacional a la fecha de ejecución, más los intereses legales.

El control de racionalidad de las decisiones absolutorias por parte de los tribunales superiores debe hacerse no desde posiciones subrogadas, de sustitución de un discurso racional por otro que se estima más convincente o más adecuado, sino mediante la aplicación de un estándar autorrestrictivo o de racionalidad sustancial mínima.

El tribunal de alzada ratificó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Bulnes, que sustituyó la medida cautelar de arresto domiciliario total, por la de arresto parcial nocturno.

El Gobierno de Colombia presenta la presente Declaración de Intervención con la creencia genuina de que los Estados partes en la Convención sobre Genocidio deben hacer todo lo que esté a su alcance para contribuir a asegurar la prevención, represión y castigo del genocidio.