El Tribunal de alzada no dio lugar a la acción cautelar que buscaba dejar sin efecto la concesión otorgada por EPI a la empresa Sitrans Limitada, para el almacenamiento de contenedores vacíos en el puerto de Iquique.
El Tribunal de alzada estableció la arbitrariedad de la resolución impugnada.
El máximo Tribunal revocó resolución que había rechazado la acción cautelar presentada por el subteniente Diego Vega Vidal, tras establecer que Carabineros actuó de manera arbitraria e ilegal al disponer el retiro de las filas del recurrente, quien había sido sancionado con 10 días de arresto por mala conducta.
El Tribunal de alzada descartó actuar arbitrario del Sanatorio Alemán de Concepción y Gendarmería.
El documento del máximo Tribunal plantea que “si una modificación como la propuesta no contribuiría, acaso, a perpetuar el rol socialmente asignado a la mujer como única o exclusiva cuidadora de sus hijos, excluyendo la participación de los hombres en el ejercicio de su rol parental”.
El Tribunal de alzada confirmó la multa de 50 UTM que deberá pagar Latam Airlines Group S.A., por no respetar las normas sobre acopio de combustible en aeropuerto Diego Aracena de Iquique.
La decisión concluye expresando que los Tribunales que forman parte del Poder Judicial, ni a éste poder del Estado, les resultan aplicables las normas previstas en la Ley de Transparencia referentes al derecho de acceso a la información que puede hacerse valer en un procedimiento de amparo.
La Contraloría concluye señalando que de acuerdo a los antecedentes examinados, se aprecia que dichos actos administrativos satisfacen el requisito de motivación, en conformidad con lo establecido en el inciso cuarto del artículo 41 de la ley N° 19.880.
El máximo Tribunal señala que la sentencia a raíz de la que se pide la unificación no ha emitido opinión sobre el tema de fondo, toda vez que se vio impedida de revisar si en la especie, era o no aplicable el régimen de la subcontratación de los artículos 183-A y siguientes de la recopilación del trabajo.
La sentencia señala que dicho acto ilegal vulnera la garantía del N° 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, ya que una decisión tomada aportas de concretarse en una ciudad distinta a la que se vivía, indudablemente que causa un impacto emocional.
