La Corte de Santiago señaló que existe un proceso penal en curso por lo que no es posible adelantar un pronunciamiento en sede de amparo.
Recurrentes estimaron vulnerado su derecho a presentar peticiones ante la autoridad pública.
Corte de San Miguel estimó que autoridad recurrida actuó dentro de sus atribuciones.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia apelada.
La Corte de Santiago estimó que el acto administrativo impugnado carece de fundamentación suficiente.
No se advirtió de la descripción fáctica del libelo hechos que pudieran constituir afectación a derechos que se encuentren protegidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República.
El máximo Tribunal confirmó sin modificaciones la sentencia recurrida, que descartó actuar arbitrario de las recurridas y, además, estableció que el recurso de amparo no es la vía idónea para denunciar eventuales irregularidades en el cumplimiento de los protocolos para disolver manifestaciones.
El Tribunal de alzada ordenó a la policía abstenerse de emplear sustancias químicas, en tanto no cuente con un procedimiento predeterminado y aprobado por la autoridad de salud pública competente, que garantice la vida y la salud de las personas.
El Tribunal de alzada desechó, además, la solicitud de implicancia planteada por el querellante en contra de juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que no dio lugar a la querella.
En la resolución, la ministra acusó a Felix Alexis Calderón Leiton, como autor del delito de cohecho, en tanto, Antonil Sergio Velásquez Vigueras enfrenta acusación por soborno. Ilícitos que se habrían cometido en la relación entre la División de Mantenimiento del Ejército y la empresa Anpever (o Turra y Pino).
