El máximo Tribunal confirmó la sentencia impugnada, que condenó a ex agentes a 5 años y un día de presidio, en calidad de coautores del delito.
El Tribunal de alzada acogió la acción constitucional, tras establecer que el actuar de la recurrida vulneró las garantías del debido proceso.
Expresan su preocupación ante prácticas discriminatorias que se han observado en los últimos meses en la región, que van desde la solicitud de pasaportes, certificados, apostillas u otros documentos oficiales para la entrada a sus territorios; la militarización de las fronteras; entre otros.
El objetivo de esa política es proteger a los balnearios y solaneras de la proliferación y perpetuamiento de concesiones que restan amplias superficies de playa.
De acuerdo al Reglamento Interno del colegio, se contempla la sanción de expulsión por agresión a funcionaria y compañeros.
Si bien los demandantes lograron probar la afectación sicológica que les provocó el despido, esta afectación no se produce necesariamente por una vulneración de derechos fundamentales.
El dictamen sostiene que en la situación en análisis el interesado no efectuó desembolso alguno por concepto de alojamiento.
La gestión pendiente incide en autos sobre procedimiento ejecutivo previsional, seguidos ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago.
La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Muñoz, quien estuvo por acoger el recurso de amparo económico.
Se concluye por el fallo manifestando que no le corresponde reanudar un proceso valorativo de la prueba.
