El fallo del TEDH concluye recordando que el Convenio Europeo de Derechos Humanos no consagra en absoluto el derecho a la paternidad y plantea que el “interés general prevalece sobre el derecho de paternidad de los demandantes”.
El máximo Tribunal concluye que los antecedentes expuestos denotan que el Ministerio recurrido, al dictar el acto cuestionado, ha actuado fuera del ámbito de su competencia y sin ajustar su actuar a la normativa vigente, incurriendo en un acto arbitrario e ilegal
La Contraloría concluye que no se advierten irregularidades en la decisión adoptada por la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, en orden a disponer que reclamante desempeñe labores de refuerzo en aula común para ejecutar las actividades de docencia de educación especial diferencial para las cuales se encuentra designada.
La gestión pendiente invocada recae en un juicio de amovilidad seguido ante la Corte de Concepción.
El Ministro se encuentra instruyendo esta causa iniciada en la localidad de Besançon, en Francia, y en ella ya había dispuesto el arraigo nacional de Zepeda.
El juez señala que no puede atribuirse la total autoría, sino que es fruto de experiencias de la policía.
En el documento se señala que a menudo las políticas públicas urbanas han sido diseñadas de acuerdo con criterios arbitrarios y omitiendo hechos relevantes.
Instituto Libertad y Desarrollo señala que un 59% cree que el sistema sigue igual y un 29% cree que empeoró durante el actual Gobierno. El porcentaje de quienes creen que el sistema mejoró alcanza un 11%.
El máximo Tribunal sostiene que la decisión contenida en el acto recurrido, no se ajusta a las especiales características que posee la Consulta Indígena, por cuanto de lo que se trata, es precisamente de implementar un proceso de participación efectiva con la Asociación Indígena.
El máximo Tribunal estimó que el Servicio Electoral “está facultado para determinar la instalación de locales de votación en un recinto penitenciario”.
