El recurrente fundó su recurso en la causal del artículo 477 en conjunto con el 478 letra c) del Código del Trabajo.
Se estimó que la acción deducida la no constituye la vía idónea para impugnar una decisión adoptada por la autoridad administrativa.
El ente contralor precisó que las solicitudes deben regirse por la normativa vigente a la época del respectivo requerimiento.
La decisión fue adoptada con el voto en contra del Ministro Blanco.
La condena incluye también la privación de la patria potestad de su hijo a los padres condenados por consentir el abuso del menor; y una indemnización que deberá pagar el expárroco de 50.000 euros y de 10.000 euros a cada uno de los menores, respectivamente.
La gestión pendiente incide en juicio sobre denuncia de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales, seguidos ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán.
La recurrente consideró vulnerados el derecho a la igualdad ante la ley y al debido proceso.
La responsabilidad estatal por los daños que genera su actuar ha sufrido a lo largo de la historia contemporánea cambios trascendentales.
Se destaca que al principio protectorio y a la regla hermenéutica de interpretación a favor del consumidor, debe valorarse con criterio restrictivo la culpa del consumidor como factor que permite al proveedor eximirse de responsabilidad por daños.
El ente contralor precisó que, el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, concede a quienes hacen uso de licencia médica el derecho a continuar recibiendo el total de sus rentas, solo si el funcionario permanece ligado laboralmente.
