El máximo Tribunal acogió la acción cautelar presentada por Faviola Martínez Vargas, al establecer que el allanamiento de que fue objeto es arbitrario e ilegal, ya que “se afectó seriamente la libertad personal y seguridad individual de la amparada”.
El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar presentada por los hijos de cotizante que murió en abril del año pasado y que reclaman como herencia el monto que acumuló en Provida.
El máximo Tribunal acogió la acción cautelar presentada por Carlos Mardones Urrea, a quien en noviembre de 2015 se le cambió el medidor del consumo de agua potable, recibiendo desde esa fecha cobros por consumos inexistentes.
El Tribunal de alzada descartó infracción de ley en la sentencia recurrida, que condenó a Martínez Herrera como autor del delito contemplado en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Banco Central.
La gestión pendiente incide en los autos sobre acción indemnizatoria, en procedimiento incidental, conocida por el 5° Juzgado Civil de Valparaíso.
En su resolución, el Ministro encausó a los ex uniformados por su participación en 15 homicidios.
El TEDH estimó que el empresario tiene derecho a ejercer una actividad de vigilancia sobre las comunicaciones de los empleados en el trabajo.
La gestión pendiente invocada recae en un proceso seguido ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de La Serena.
En opinión de la SOFOFA este dictamen se “alejaría del fallo del Tribunal Constitucional (TC)».
Esta es la primera vez en 18 años que la Contraloría General de la República promueve una contienda de competencia ante el Senado.
