El TC ibérico consideró que el sistema diseñado por la ley para garantizar la enseñanza en castellano sostenida con fondos públicos no respeta el reparto de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma.
El máximo Tribunal revocó la sentencia apelada, acogiendo el recurso de protección sólo en cuanto la A.F.P. deberá requerir de la Superintendencia de Pensiones la resolución de si corresponde aplicar al caso del recurrente la norma del artículo 53 inciso 2º de la Ley N° 16.744 o de cualquiera otra que estime pertinente atendida la situación previsional del recurrente.
El máximo Tribunal acogió el recurso de casación en la forma contra la sentencia impugnada, la que por consiguiente es nula, y fue reemplazada por la correspondiente sentencia de reemplazo.
El texto también hace acusables constitucionalmente a los integrantes del tribunal y reduce de nueve a cinco los años de su ejercicio en el cargo.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario de la autoridad regional al autorizar el aumento de estacionamientos del proyecto.
El Tribunal de alzada confirmó la resolución recurrida, que acogió la demanda laboral interpuesta, tras corroborar que la empresa no contestó la demanda en el Tribunal de primera instancia y no logró acreditar las causales del despido.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que acogió la acción cautelar.
El máximo Tribunal acogió la acción cautelar tras establecer el actuar arbitrario e ilegal de la corporación recurrida.
El documento solicita, además, instruir al Ministerio del Trabajo y Previsión Social para focalizar la entrega de este beneficio en las regiones del país para mujeres jóvenes.
En la resolución -causa N° 154-2011- la magistrada decretó la prisión preventiva de Joel Esquivel Contreras, Luis Vásquez Ramírez y José Fuentes Peña en calidad de autores del delito de secuestro calificado cometido desde la entonces tenencia Sumar.
