Ahora, quedó listo para su trámite de promulgación.
La instancia conoció los antecedentes que tuvo el Ejecutivo para proponer al actual ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago en la vacancia que se produjo en el máximo Tribunal.
El Tribunal de alzada consideró que el reclamo de ilegalidad no es la vía idónea para reclamar de la decisión que debe ser recurrida al Tribunal de Contratación Pública o un juicio civil.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia del 16° Juzgado Civil de Santiago que acogió la demanda.
La sentencia indica que, de acuerdo al artículo 341, inciso primero, del Código Procesal Penal, la sentencia condenatoria no podrá exceder el contenido de la acusación, en consecuencia, no se podrá condenar por hechos o circunstancias no contenidos en ella.
El Tribunal de alzad acogió el recurso y determinó que la secretaría mencionada había desatendido su rol de administrar y supervisar el tratamiento adecuado de las aguas servidas, materia que es de su competencia y no de las otras instituciones recurridas, la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales y municipalidad de Punta Arenas.
La legislación que será conocida como “Ley Lucas”, establece que las empresas deberán implementar las soluciones técnicas disponibles para mitigar los efectos de las interrupciones de suministro eléctrico.
El Tribunal consideró que el ejecutivo cometió un error de menor entidad que no justifica su despido al verse involucrado en una operación de fraude.
La gestión pendiente incide en autos seguidos ante el Segundo Juzgado de Letras de Los Andes, en actual conocimiento de la Corte de Valparaíso, por recurso de hecho.
El empleador debe incorporar prueba que acredite los hechos fundantes de la carta de aviso de despido, aunque la causal invocada sea la contemplada en el artículo 161 inciso primero.
