El principio de separación de religión y política, reconocido en la Constitución, describe la separación entre religión y política donde no hay interferencia o influencia mutua. De conformidad con este principio, el Estado no debe conferir privilegios a una religión en particular y debe mantener la neutralidad hacia la religión. Esta neutralidad es necesaria para la plena realización de la libertad religiosa.

Cabe destacar que la resolución reclamada acogió parcialmente la reclamación administrativa, pues se constató la omisión de la observación ciudadana asociada a la realización de un Proceso de Consulta Indígena, materia que fue omitida tanto en el Informe Consolidado de Evaluación como en la RCA que aprobó el proyecto. Así, modificó la RCA, incluyendo la evaluación técnica de dicha observación, a través de la cual descartó la procedencia de dicho proceso por no existir susceptibilidad de afectación directa a grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas.

El Tribunal de alzada acogió el recurso de protección deducido, tras establecer el actuar ilegal y arbitrario de las recurridas al denegar el financiamiento para la adquisición y suministro del fármaco Eculizumab, recomendado por el médico tratante.

En el fallo, el magistrado estableció que, en la especie, no es posible concluir, más allá de toda duda razonable, que Araya Plaza haya tenido el ánimo de injuriar al alcalde y que sus dichos, emitidos en una entrevista radial y replicados en la red social Instagram, constituyen una crítica política.

El recurrente no acreditó ningún tipo de dificultad en la comprensión de la lengua catalana para hacer efectivo el derecho de recurso.

El Tribual de alzada ordenó, además, que el municipio se coordine con los ministerios del Interior, Vivienda y Urbanismo, Bienes Nacionales y Desarrollo Social para que se implemente un recinto transitorio para albergar a los desalojados, en caso de ser necesario.

Para el máximo tribunal, en cuanto a las modificaciones propuestas en materia de elección de Presidente de la Corte Suprema, se deben realizar una serie de adecuaciones para mejorar y aclarar la iniciativa, en materia de determinación de elegibilidad, rol de los lineamientos estratégicos que se deben presentar, regulación de la presentación del programa, falta de candidatos, y quorum para sesionar y ser elegido.

La Segunda Sala del tribunal de alzada no hizo lugar al recurso constitucional de amparo, tras establecer que, con los datos aportados por la recurrente, no es posible tener por acreditado el actuar ilegal y vulneratorio atribuido a la policía, como exige la norma legal.

El requirente alega que se le impide reclamar de una sentencia que lo perjudica, afectándose su garantía a un debido proceso.

No es posible constatar el hecho preciso que vulnere los derechos expresados por el recurrente, más si se considera que ambas partes manifiestan diferencias y agresiones mutuas.