La decisión fue acordada con el voto en contra del Magistrado José Luis Sardón de Taboada, por estimar que la demanda debió declararse infundada.
Corresponde al Pleno del TC pronunciarse en control obligatorio sobre el proyecto de ley sometido a su conocimiento.
La Corte ordenó proveer como en derecho corresponda la demanda ejecutiva incoada.
El fallo reiteró que los Estados deben adoptar medidas de protección para las defensoras y defensores de derechos humanos.
Haber negado a su respecto la solicitud de posesión efectiva aparece como un acto que no se ajusta a derecho.
La gestión pendiente invocada recae en un proceso penal seguido ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete, por el delito de porte ilegal de arma.
La sentencia del Tribunal de alzada sostiene que los actos cuestionados, por su naturaleza y contenido, poseen aptitud suficiente para vulnerar el derecho a la honra de las recurrentes.
El Tribunal de alzada estableció que la denegación de la matrícula constituye una vulneración de las garantías constitucionales de la alumna, ordenando al establecimiento su renovación.
Se descartó actuar ilegal en la resolución sancionatoria de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Expone Luis Mesina, vocero del movimiento No + AFP.
