No resulta necesario que el SII acredite la intención subjetiva dolosa para la aplicar el inciso segundo del artículo 200 del Código Tributario. Basta con probar la omisión en la declaración o la falsedad de los documentos aportados.

El acto contra el cual se recurre corresponde a una resolución dictada por un Tribunal de la República.

Renovación sucesiva de la contrata de un funcionario público genera la confianza legítima en que dicha renovación continuará verificándose en el tiempo. El acto administrativo que pone término a la contrata debe estar correctamente fundamentado.

Sin perjuicio de no estar reconocido expresamente el derecho a huelga en el derecho interno respecto de las asociaciones de funcionarios municipales, sí está consagrado en las normas de derecho internacional.

Antes de expulsarla se debe proceder a la toma de muestras biológicas de la sentenciada para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.

Asignación a la Autoridad Administrativa de una supuesta función jurisdiccional, cuando no goza de la imparcialidad ni de la independencia necesarias que garanticen una verdadera resolución del conflicto, lleva a que no pueda ser calificado de juez.

A juicio de la Comisión, la situación actual de Milagro Sala cumple con los requisitos de extrema gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable.

La Corte de Apelaciones de Antofagasta admitió el recurso de protección y dio orden de no innovar.

Asignación a la Autoridad Administrativa de una supuesta función jurisdiccional, cuando no goza de la imparcialidad ni de la independencia necesarias que garanticen una verdadera resolución del conflicto, lleva a que no pueda ser calificado de juez.

El máximo Tribunal luego de escuchar los alegatos de las partes informó la resolución que confirmó el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago.