El máximo Tribunal ratificó que la ley específica que regula el cobro del CAE impide que se aplique la regulación general, ley de insolvencia y reemprendimiento, a este tipo de deudores.
El Tribunal de alzada ordenó al BCI pagar solidariamente las prestaciones adeudadas al trabajador subcontratado, tras dar por establecido la existencia de relación laboral entre las partes.
El Tribunal de alzada revocó la sentencia impugnada, dictada por el Cuarto Juzgado Civil de Antofagasta el 2 de abril pasado, y condenó a Econssa a pagar a cada uno de los demandantes la suma $2.000.000, más intereses corrientes fijados para operaciones de dinero no reajustable a contar de la fecha de esta sentencia y hasta el día del pago efectivo.
El Tribunal de alzada ordenó a los demandados pagar los gastos comunes que adeudan a la comunidad por $7.200.000.
La reunión más importante del año en materia de derecho de familia de los países de habla hispana, contará con 36 expositores y representantes de más de 13 jurisdicciones, los cuales abrirán espacios de diálogo y reflexión entre todos los asistentes.
El Tribunal de alzada acogió la demanda y ordenó al IND pagar $474.923.476 al municipio.
La iniciativa persigue flexibilizar la posibilidad del padre o madre diligente de salir fuera del país con un menor de edad sin la autorización del padre o madre que no se encuentre cumpliendo con las obligaciones legales con sus hijos, para lo cual propone modificar la ley 20. 983.
El Tribunal no solo confirmo la decisión de primer grado, sino que declaró que este derecho no existe y los condenó en costas por apreciar abuso de derecho en la presentación del recurso decretando que deben abandonar la vivienda a la brevedad al carecer de título que legitime su estancia.
La gestión pendiente incide en autos sobre sobre denuncia por tutela de derechos fundamentales, reconocimiento de relación laboral, despido injustificado y cobro de prestaciones, seguidos ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
Los requirentes estiman que la disposición impugnada vulnera las garantías constitucionales del derecho a vivir en un medio ambiente libre de Contaminación y la igualdad ante la ley.
