Las imputaciones de amenazas deben ser resueltas imparcialmente por los tribunales ordinarios, a través de las acciones correspondientes, con pleno respeto y garantía de los derechos de las partes.
La decisión adoptada constituye un acto arbitrario e ilegal, desprovisto de fundamentación adecuada, infringiendo el artículo 19 N° 24 de la Constitución.
Los medios de prensa están obligados a informar de buena fe para brindar información fidedigna y precisa de conformidad con la ética del periodismo. Ello implica que deben dar al interesado la oportunidad de defenderse mediante su derecho a réplica.
El acusado mediante la aplicación “GRINDR”, habría alertado de la presencia policial a dos particulares cercanos a él, que se encontraban en una transacción de droga, circunstancia que fue advertida por personal de Carabineros que controló la identidad del acusado, y le incautó siete papelillos de marihuana.
El nuevo Código Penal castiga con hasta 1 año de cárcel a quienes intimen con personas fuera del matrimonio, y con 6 meses de prisión a aquellos que cohabiten con sus parejas. A través de estas sanciones se busca proteger la institución del matrimonio.
El protocolo de análisis a que alude el artículo 43 de la Ley N°20.000, permite que el juez posea un mejor conocimiento de las características de la marihuana incautada, pero en ningún caso servirá para concluir que en razón de tales características la cannabis sativa deja de ser tal.
La exigencia de redacción clara y comprensible de una cláusula de un contrato de prestación de servicios jurídicos, debe interpretarse de manera extensiva. Esto requiere que el contrato exponga de manera transparente el funcionamiento concreto del mecanismo al que se refiere la cláusula de que se trate, de manera que el consumidor esté en condiciones de valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que se deriven para él.
La Ley N°20.720 no contempló al recurso de apelación como vía para impugnar la decisión que niega lugar a una solicitud de liquidación voluntaria, por lo que es factible impugnar tal resolución mediante el recurso de queja atendida la naturaleza especial de esta acción, y en la especie, no privar al fallido de su derecho de acceso a la justicia.
El texto se pide la liberación del periodista Omar Radi y de otros reporteros que han sido privados de libertad por criticar al gobierno. También aborda la presunta participación de Marruecos en los recientes casos de corrupción que han remecido la política europea.
El máximo Tribunal resolvió que declarado injustificado el despido el empleador debe restituir al trabajador los montos descontados como aporte patronal al seguro de cesantía, según lo establece el artículo 13 de la Ley N°19.728, en relación con el artículo 161 del Código del Trabajo.
