Esto es así para evitar un doble pago injusto en contra del demandado, por lo que las eventuales lagunas previsionales que se registren durante el período que se mantuvo vigente la relación entre las partes, son de exclusiva responsabilidad del trabajador.

La demandada pagó parcialmente al contado las facturas reclamadas, y luego, se asiló en que los documentos consignaban la modalidad de pago “al contado” para argumentar que no existían montos insolutos. El máximo Tribunal confirmó la decisión de los jueces de segundo grado, al observar que la recurrente no denunció ninguna norma decisoria, intentó asentar nuevos hechos, y acusó en sede de nulidad sustancial un vicio probatorio que debió impugnar vía casación en la forma.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, la igual protección en el ejercicio de los derechos, el debido proceso, el principio de inocencia, de libertad de apreciación de la prueba y de la carga de la prueba, ya que el único medio por el que se lo condena son las presunciones judiciales que se obtuvieron tras las declaraciones judiciales que se realizaron durante el sumario sin presencia de un abogado defensor.

No basta para cumplir con las exigencias básicas del debido proceso que el acusado haya tenido patrocinio letrado de manera formal, sino que es menester además que aquel haya recibido una efectiva y sustancial asistencia de parte de su defensor.

La requirente alega que la norma objetada infringe la igualdad ante la ley, la igual repartición de las cargas públicas y el derecho de propiedad, ya que el MOP la instó a no detener la construcción de las obras del Aeropuerto pese a la pandemia del COVID-19 como si se estuviera frente a tiempos de absoluta normalidad.

Los Estados miembros distintos del Estado miembro de origen del servicio en cuestión no pueden adoptar medidas de carácter general y abstracto aplicables indistintamente a cualquier prestador de una categoría de servicios de la sociedad de la información.

El caso López Sosa vs. Paraguay, recientemente resuelto por la Corte IDH, ilustra la relevancia de cumplir con estándares de derechos humanos en medio de las crisis carcelarias que afectan a la región.

Aun sin estar convencido de la culpabilidad de Jesús, Pilatos se lavó las manos, en un sentido literal (ante las hordas de judíos que pedían la muerte del Nazareno) y también metafórico, pues pretendió –con dicha actuación- no ser el último responsable de la condena, cuestión hartamente debatida, pues lo que sí hizo es condenar a Jesús también a la tortura mediante la flagelación, pena que no estaba prevista ni siquiera por el Sanedrín, en su sentencia.

El querellante acusó la “amenaza” de perturbación de su tranquila posesión respecto de un inmueble perteneciente a la comunidad de herederos que integra, ubicado en la comuna de Curacautín, no obstante, no pudo acreditar ninguna perturbación efectiva del denunciado respecto de su dominio, ni de actos que lo despojaran de la posesión del predio.

El recurrente intentó revertir la decisión de la magistratura, asilándose en el cumplimiento de los contratos bajo el principio de buena fe, no obstante, el máximo Tribunal confirmó la decisión de la magistratura al considerar que, en la especie, el contrato de arriendo impugnado despojaba a los dueños del pleno ejercicio de su derecho de dominio.