El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Segundo Juzgado Civil de Santiago, que rechazó recurso de reclamación contra la resolución sancionatoria.
La recurrente fue expulsada de la universidad ya que la docente no le permitió rendir examen.
El estudiante solicitó cambio de sede para no tener que viajar de Calama a Santiago.
Los hechos ocurrieron el 19 de octubre de 2019 en la ciudad de Ovalle.
La ley incorpora también derogar la tipificación del «el que baila pasa».
El objetivo principal del proyecto es lograr una condena transversal y explícita, sin condiciones a la violencia surgida tras el estallido social.
El objetivo principal del proyecto ingresado es proteger la libertad de información.
En su sentencia, expone en síntesis la Magistratura Constitucional que el Ministerio Público, logró acreditar tanto la existencia del delito como la participación que en él tuvo la acusada, sin que la requirente pudiese desvirtuar la prueba durante el transcurso del juicio.
El ente contralor adujo que tienen derecho al beneficio de alimentación los funcionarios de planta o a contrata que se desempeñan o prestan sus labores en un establecimiento dependiente de algún servicio de salud.
La Magistratura constitucional adujo que negar el acceso a la información solicitad, podría impedir que el producto periodístico que se llegara a publicar fuese objetivo y transparente.
