Se estimó que la resolución impugnada aparece suscrita por autoridad competente, dictada en el marco de sus atribuciones específicas y debidamente fundadas en la existencia de un requerimiento del amparado por la justicia de su país de origen.

Se estimó que no se aprecia una acción de Carabineros destinada a provocar una amenaza, vulneración, privación o afectación de la garantía de libertad personal o de la seguridad individual respecto de los amparados.

En subsidio se demandó por despido injustificado, pretensión que igualmente fue desestimada.

La gestión pendiente incide en autos sobre sobre reconocimiento de relación laboral, despido injustificado, y cobro de prestaciones laborales, seguidos ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción.

La recurrente estimó vulnerado su derecho de propiedad.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

El Tribunal de alzada descartó actuar arbitrario de los persecutores que dirigieron las diligencias intrusivas practicadas en el domicilio de los recurrentes.

La iniciativa, que ahora será revisada por la Comisión de Hacienda para posteriormente ser debatida en la Sala de la Corporación, efectúa importantes cambios en materia registral y notarial.

Entre las iniciativas se abordan materias relativas a licencias médicas, comercio por plataformas digitales, deporte, trata de personas, ocupación ilegal, reciclaje, copropiedad inmobiliaria y educación.

El Tribunal de alzada declaró inadmisible la acción judicial que buscaba que se ordenara la entrega de fondos de la cuenta de capitalización individual, tras establecer que el actuar de la AFP no constituye una vulneración de garantía constitucional.