El Tribunal de alzada estableció que no existe actuar arbitrario del Consejo para la Transparencia (CPLT), al ordenar la entrega de la información solicitada.
La moción elaborada por un grupo transversal de senadores, busca solucionar un problema que afecta a 72 mil niños del país. La idea es que no se dependa de la voluntad del deudor para recuperar esos dineros.
El autor analiza la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce al derecho a la protesta como un nuevo derecho fundamental. Para tales efectos, resalta su importancia de orden constitucional y político, con especial atención en contextos de desigualdad social y debilidad institucional. Asimismo, desentraña en diversos apartados los alcances del derecho a la protesta, conforme lo desarrollado por el máximo intérprete de la Constitución.
El requerido señala que, de la lectura del artículo cuestionado, es posible concluir que los artículos precedentes son el 21 y 22 de la ley, pero dada la discusión que se ha sostenido en torno al alcance de la apelación, es necesario tener en consideración lo que señala el artículo 20.
Se adoptó acuerdo en la causa, quedando en estado de sentencia, designando como redactor al Ministro Aróstica.
El fallo señala que es necesario determinar si el legislador goza de cierta autonomía para determinar el tipo y la cantidad de excepciones.
La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra Silva, quien estuvo por declarar inadmisible le requerimiento, al confluir la causal prevista en el numeral 5° del artículo 84 de la LOCTC.
No se vulnera la igualdad ante la ley y tampoco la Junta de Selección se transformó en una Comisión Especial.
El ente contralor expuso que, si utiliza para ello cuentas personales que mantenga en redes sociales, no procede que bloquee a algunos usuarios.
Los magistrados señalaron en su sentencia que, la finalidad de la exención, se enmarcó dentro del proceso de reestructuración del sector público empresarial dependiente del Estado.
