La recurrente estimó vulnerada su garantía constitucional del debido proceso y su libertad de trabajo y protección.
La gestión pendiente incide en autos ejecutivos sobre cobro de cotizaciones previsionales seguidos ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago.
Se estimaron vulnerados por la actora los derechos consagrados en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política y en el artículo 2 del Código del Trabajo.
Se concluyó que no resulta posible enmarcar al proyecto, en lo que interesa, en alguna de las hipótesis que prevé la letra d) del citado artículo 11.
No se desprende que pueda existir vulneración de las garantías indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, que requiera del amparo Constitucional que la citada norma otorga.
Se impugna el artículo 1° inciso tercero, en relación con el artículo y 485 del Código del Trabajo.
Se estimó que la resolución recurrida aparece, al dar razones fundadas para negar el beneficio, que la Comisión de Libertad Condicional ha actuado legalmente y en un caso previsto en la ley.
La recurrente estimó vulnerados los derechos constitucionales al debido proceso, a la igualdad ante la ley y a la libertad del trabajo.
Se estimó que admitir dicha clase de revisión afectaría las reglas de orden público sobre competencia contenidas en el Código Orgánico de Tribunales, entre ellas la del grado y jerarquía, y puede constituir seriamente una vulneración del artículo 7° de la Constitución Política de la República.
Corresponde ahora que la iniciativa -en primer trámite constitucional- sea analizada por la Comisión de Economía del Senado.
