La Corte de Punta Arenas sostuvo en síntesis que la decisión adoptada por los recurridos no pudo estimarse arbitraria o ilegal.
La recurrente estimó vulneradas las garantías del artículo 19 numerales 1 y 24 de la Constitución.
El artículo 4 de la ley N° 20.880 establece los funcionarios que se encuentran obligados a rendir una DIP.
La gestión pendiente incide en autos infraccionales, de que conoce la Corte Suprema, por recurso de casación en el fondo.
El máximo Tribunal español indicó en su sentencia que la situación era objetivamente idónea para coartar su libertad en la esfera personal y familiar.
El máximo Tribunal indicó que el rechazo de las licencias médicas que se alegó por el recurrente, importó de parte de la autoridad el ejercicio de una facultad de forma meramente potestativa.
La gestión pendiente incide en autos sobre casación en el fondo, de que conoce la Corte Suprema.
El titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, señaló que que «nos permiten conocer detalles de una situación histórica, lo que reafirma la relevancia de la postura que hemos defendido como Consejo que ha estado a favor de que se analicen en su justo mérito las causales de reserva».
El máximo Tribunal acogió acción judicial deducida y dispuso que el tribunal dé curso a la tramitación de la reclamación en conformidad al procedimiento establecido por la ley.
El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar deducida, tras establecer el actuar ilegal y arbitrario de la autoridad militar a decretar sin contar con competencias, la medida impugnada.
