La iniciativa, analizada en la Comisión de Economía, establece, además, que la información debe estar contenida en Braille.
La dilación injustificada en el cumplimiento de una sentencia constituye en sí misma una violación a las garantías judiciales. El Estado deberá pagar directamente a las víctimas del caso o a sus descendientes, las sumas adeudadas en tres cuotas anuales.
Decisión sancionatoria no cuenta con la densidad de fundamentos necesaria, haciendo que el acto sea arbitrario y carente de criterios que permitan ponderar la gravedad de hechos y la respuesta punitiva correspondiente.
El recurrido cumplió lo ordenado por la autoridad sanitaria, a fin de resguardar la salud pública en el contexto de la pandemia mundial, por lo que no existe el actuar ilegal o arbitrario denunciado.
La decisión de no renovación del contrato se sustenta en una normativa que es ajena de la legislación laboral aplicable al caso, circunstancia que permite advertir que el despido carece de justificación legal.
Las normas impugnadas establecen un marco regulatorio diverso al de la Constitución, al considerar como pública información que no lo es.
No pagó oportunamente las cotizaciones previsionales de trabajadores municipales que resultaron vencedores en diversos procedimientos judiciales laborales, por lo que el municipio incurrió en millonarios gastos solo por concepto de multas en beneficio de los actores.
No es lícito valerse de vías de hecho para cerrar o impedir el acceso de un arrendatario, procediendo para ello a cerrar el portón de acceso, no otorgando las llaves o elementos necesarios para el ingreso.
Procede restituir el descuento correspondiente al aporte al seguro de cesantía.
En el contexto de un proceso penal, la Corte Suprema de Ecuador examinó un recurso de apelación deducido en contra de una sentencia que negó la acción de habeas corpus. El recurrente, imputado por el delito de tráfico de estupefacientes, explicó en su libelo que el tribunal penal decretó la prisión preventiva en su contra […]
