Se incluye a los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales, secuestro agravado o secuestro prolongado, sustracción de menores, pornografía infantil, homicidio, parricidio, femicidio,entre otros.
La moción contempla que «los condenados en calidad de autores, cómplices o encubridores, por los delitos consumados, no podrán acceder, bajo ningún respecto, a las formas alternativas de cumplimiento de la condena».
«Priorizar una agenda anticorrupción es un imperativo ético ineludible que debe tramitarse con urgencia en el Parlamento», destacó el titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada.
El secretario de Estado aseguró que la Segpres se encuentra elaborando una propuesta que definirá el mecanismo.
El texto recuerda que un proyecto ya en tramite permite que el Ministerio Público inicie procesos penales por delitos tributarios, aún contra la decisión del Servicio de Impuestos Internos de no denunciar o presentar querella.
En el contexto de la discusión del proyecto que crea un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado, Marcos Kremerman también llamó a no confundir conceptos como remuneración, que incluye a las gratificaciones y horas extras, con el de sueldo base.
El Tribunal de alzada decretó orden de no innovar parcial y dispuso, además, que se limite el uso de gases lacrimógenos o cualquier otro método o procedimiento que afecte la integridad física de las personas, a situaciones extremas que lo ameriten.
Los fundamentos de la resolución serán dados a conocer dentro del plazo de tres días dispuesto por el artículo 120 de la LOCTC.
En mayo de 2016 la SMA abrió un procedimiento sancionatorio contra Codelco, formulándole 13 cargos por infracciones a las condiciones establecidas en las diversas resoluciones de calificación ambiental relacionadas con el proyecto «Fundición y Refinería Ventanas».
En la audiencia de formalización de la investigación, el magistrado acogió la solicitud de la Fiscalía y la querellante Intendencia Regional, y ordenó el ingreso en prisión preventiva del ciudadano estadounidense por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
