La gestión pendiente incide en proceso penal, seguido ante el Juzgado de Letras y Garantía de Quintero.
La recurrente estimó vulneradas sus garantías establecidas en el artículo 19 numerales 2 y 22 de la Constitución Política de la República.
La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de protección, de que conoce la Corte de Apelaciones de Santiago.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia, dictada por el 4° Juzgado Civil de Santiago, que multó a la empresa y, además, ordenó restituir a los clientes los dineros cancelados y que no pudieron utilizar los servicios contratados.
En el primer fallo, el Tribunal de alzada condenó a nueve exintegrantes del Comando Conjunto por asociación ilícita y los secuestros calificados de Aníbal Raimundo Riquelme Pino, Francisco Juan González Ortiz y Alfonso del Carmen Araya Castillo.
El Tribunal estableció la falta de cuidado de Gendarmería en la especie, por lo que ordenó al fisco pagar a los demandantes la suma total de $50.000.000.
El máximo Tribunal estableció que la naturaleza de los créditos sociales les otorga preferencia en procesos de liquidación.
Acogió a trámite un recurso de protección presentado por la Superintendencia del Cuerpo de Bomberos de la ciudad en contra de Carabineros y del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Relacionados con materias, tales como perfeccionamiento de la normativa sobre protección de los derechos de los consumidores, calificación y remoción de administradores de tribunales, muerte digna y cuidados paliativos, regulación de demandas de tutela laboral de funcionarios públicos y delitos ambientales, entre otros.
El Tribunal de alzada, en el primer recurso, acogió la acción constitucional de amparo deducida por los rectores Patricio Sanhueza, de la U. de Playa de Ancha; Aldo Valle, de la U. de Valparaíso; Claudio Elórtegui, de la Pontificia U. Católica de Valparaíso y Darcy Fuenzalida, de la U. Técnica Federico Santa María por tres estudiantes.
