Tienen sus orígenes a partir de dos grandes revoluciones: la Norteamericana y la Francesa.
Holanda, desde 2002, está autorizado administrar un medicamento que provoque la muerte cuando un paciente lo solicita, en pleno conocimiento de causa, y si padece sufrimientos «insoportables e interminables» debido a una enfermedad diagnosticada como incurable. Se requiere la opinión de un segundo médico.
En ese intercambio dialéctico cada parte constaba el asunto a su manera, aportando las pruebas que consideraban más relevantes, sin permitir que un tercero interviniese.
El máximo Tribunal español adujo esto, pues el incumplimiento de esta obligación deja a los propios hijos en un estado de necesidad en el que, ante su corta edad, y carencia de autosuficiencia, necesitan de ese sustento alimenticio del obligado a prestarlo, primero por una obligación moral y natural que tiene el obligado.
En Chile, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas, la cifra estimada de inmigrantes al 31 de diciembre de 2019, era de 1.492.522 personas, de los cuales 455.494 serían venezolanos, ocupando el primer lugar; seguido de personas provenientes de Perú con 235.165; y de ciudadanos haitianos con 185.805.
La medida cautelar buscaba suspender decretos en Bahía, Distrito Federal y Río Grande del Sur las medidas restrictivas para combatir la pandemia Covid-19, como el cierre de actividades no esenciales y el toque de queda nocturno.
La Segunda Sala señaló que concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 5° del artículo 84 de la LOCTC, ya que el precepto impugnado no es aplicable ni decisivo en la resolución del asunto concernido en la gestión judicial invocada.
La Corte de alzada señaló que, en los procedimientos policiales en que le corresponda intervenir a Investigaciones de Chile, dicha policía deberá actuar con estricta sujeción a la normativa constitucional y legal vigente, absteniéndose de afectar los derechos fundamentales de niños, niñas y/o adolescentes, adoptando las medidas correctivas en los procesos de formación de sus funcionarios.
La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Aróstica y Vásquez, quienes estuvieron por rechazar el requerimiento, en consideración que la fundamentación para la disposición cuestionada se encuentra en una finalidad legítima y atendible de resguardo.
No es plausible entender que la entrevista no se pueda llevar a cabo por falta de recursos tecnológicos del centro penitenciario, siendo que se puede realizar con dispositivos de disponibilidad masiva.
