Se expresa que, acorde a los antecedentes previamente descritos, no cabe sino concluir que existe una dirección laboral común.
Se señala que la prueba rendida en autos no logran formar convicción que los desperfectos por los cuales el vehículo de la denunciante ingresó al taller de la denunciada fueron originados por defectos de fabricación.
“Este tipo de rechazos a los tribunales constitucionales es un problema en el mundo ciudadano y político general. Quien no entiende qué es una Constitución, no puede entender qué es un Tribunal Constitucional”, señala el Secretario General del TC español.
La gestión pendiente invocada recae en autos sobre reclamación de ilegalidad que conoce la Corte de Apelaciones de Santiago.
La demandada deberá pagar las sumas de $ 5.502.979 y $ 3.000.000.- por daño emergente y moral respectivamente.
El TS aplica el principio de favor testamenti, ya que debe darse prevalencia a la voluntad realmente querida por los testadores.
El fallo concluye manifestando que la resolución en análisis ha vulnerado la garantía constitucional de igualdad ante la ley.
El peticionario impugnó el acto que dispuso su desafectación de DIPRECA, por medio del recurso de protección rol N° 82.540-2014, de la Corte de Apelaciones de Santiago.
La gestión pendiente invocada recae en autos sobre juicio ordinario seguidos ante el 13° Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago.
Se reclamó que la afectada debió entenderse tácitamente notificada del cese del pago del estipendio en análisis.
