El Tribunal de alzada rechazó la acción judicial y confirmó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Chillán, el 21 de noviembre pasado.
El Tribunal revocó la resolución dictada el 28 de enero por el Juzgado de Garantía de Ovalle, tras establecer que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
La municipalidad denuncia que trabajos de despeje y habilitación de un camino para el proyecto inmobiliario, generaron daño ambiental.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el recurso, por estimar que la función de inteligencia definida en los artículos 2 y 22 de la Ley 19974 faculta a los recurridos para llevar a cabo la investigación en contra de los actores.
Recurso fue interpuesto a propósito de rechazo de reclamo de ilegalidad formulado por la recurrente en contra de la medida disciplinaria de destitución que le fue impuesta al término del sumario administrativo.
El recurrente estimó vulneradas sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 2 y 24.
El ente contralor sostuvo que, por consiguiente, no le asiste el derecho a percibir la diferencia de sueldo por la que se consulta.
La Corte de Santiago declaró inadmisible el recurso.
El máximo Tribunal español tuvo en cuenta la finalidad del artículo 24.3 del Código Civil.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
