La Corte señaló que las manifestaciones públicas son escenario de hechos cuya naturaleza es confusa y que, en caso de revestir los caracteres de delito, el recurso de amparo no es la vía procesal idónea para establecer responsabilidades que requieren de un juicio de lato conocimiento.

En su resolución, la Magistratura Constitucional sostuvo que el requerimiento no cumple con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 84 de la LOCTC, esto es, adolecer de falta de fundamento plausible.

La gestión pendiente incide en proceso penal seguido ante el Juzgado de Letras y Garantía de Quintero.

El presidente del TC ibérico ha recalcado la importancia de la justicia constitucional, que ha dado lugar a un estudio sintético, histórico y de derecho comparado, para examinar los contenidos competenciales del Tribunal.

La Corte de Santiago indicó que, las situaciones descritas por la recurrente, amparadas por las mensajerías acompañadas al proceso, son suficientes para, razonablemente, presumir la efectividad de los hechos descritos en la acción constitucional deducida.

La Corte de Rancagua indicó que, no nos encontramos frente a un derecho indubitado a los efectos de actuar de manera cautelar.

La Corte Suprema revocó la sentencia apelada señalando que eventualmente se puede constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

El máximo Tribunal español acogió el recurso del acusado al considerar que la decisión de la Audiencia Provincial de Alicante le generó indefensión.

Corte de San Miguel señaló que hechos denunciados superan con creces el plazo para interponer la acción.

Máximo Tribunal indicó que hechos denunciados podrían constituir vulneraciones a garantías fundamentales.