Establece además que solo podrán ingresar o permanecer en el país los extranjeros de conformidad a las normas legales y reglamentarias, y cuya inobservancia se sancionará con la deportación o expulsión inmediata de acuerdo a la ley, salvo las excepciones por razones humanitarias.

Esto es así, debido a que los contratos celebrados por la administración del Estado gozan de presunción de legalidad, por lo que no puede convalidarse libremente lo establecido en el artículo 162 del Código del Trabajo, ya que se desnaturalizaría el objeto de la norma.

Matías Arenas Culún, de 5 años, salió de paseo con su familia y terminó internado en el Hospital Clínico, sufriendo la perforación de sus intestinos y con complicaciones pulmonares.

Según lo evidenciado por las organizaciones, el plazo restante no es suficiente para alcanzar a todos los titulares de estos derechos en todas las localidades del país a fin de informarles que deben realizar el trámite, darles tiempo para que lo lleven a cabo y evitar de esta forma que caduquen sus derechos de aguas por falta de información.

Lo que se exige es que se acredite el temor fundado de que la producción de la prueba pudiera ser imposible o muy dificultosa en el periodo probatorio.

El propio ordenamiento jurídico ha establecido la acción de tutela laboral, que sí contempla un procedimiento y oportunidad para rendir y ponderar adecuadamente aquella, dada su naturaleza.

En la resolución, se plantea la necesidad de analizar sanciones económicas para Bolivia ante la negativa de reconducir a personas que ingresan clandestinamente a Chile desde dicho país.

La reforma tributaria que está en tramitación, propone, entre otras medidas, subir este tributo a un 15% perjudicando a los emprendedores que tienen ventas anuales menores a las 100 mil UF.

Las diputadas y diputados resaltan en la resolución que una de las problemáticas que deben enfrentar las mipymes es la falta de información adecuada, ya sea para acceder a ciertos beneficios del Estado, para constituirse como sociedades o para conocer sobre normativa laboral, tributaria o comercial.

La Corte IDH responsabilizó al Estado argentino ​por violencia obstétrica y la muerte de Cristina Brítez Arce, quien se encontraba embarazada al momento de su fallecimiento. Los detalles del caso que marca un precedente a nivel regional.