El Tribunal de alzada declaró inadmisible el amparo constitucional presentado por el abogado, aduciendo vulneración de la garantía de libre circulación de las personas, así como el orden y seguridad pública.
La propuesta, en primer trámite legislativo, comenzó con la rendición del informe de la Comisión de Trabajo.
El máximo Tribunal consideró que hubo error al no disponer el pago.
Ello por la responsabilidad de los 11 ex agentes en los delitos de asociación ilícita y secuestro calificado reiterado, ilícitos perpetrados en 1975 y 1976, respectivamente.
El máximo Tribunal rechazó el recurso de casación en contra de la sentencia que acogió la demanda.
El Tribunal estableció la responsabilidad de la empresa por las faltas en las condiciones de seguridad de la vía, lo que provocó el accidente.
El máximo Tribunal consideró que hubo actuar arbitrario de la entidad bancaria al no devolver el dinero pese a que la clienta advirtió el fraude.
La Corte de Rancagua indicó en síntesis que no se observó que haya existido ilegalidad o arbitrariedad en la dictación de la resolución reclamada.
La recurrente estimó vulnerado las garantías establecidas en el artículo 19 numerales 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.
La Corte de Punta Arenas estimó que el recurso deducido no es la vía idónea para resolver el asunto.
