El máximo Tribunal concluyó que la recurrente incurrió en una omisión? ilegal que posee evidente aptitud para perturbar el derecho de los actores a la propiedad sobre sus remuneraciones.

El ente contralor adujo que el artículo 1° del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1993, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley orgánica de EFE, esta, en lo pertinente, es una persona jurídica de derecho público y constituye una empresa autónoma del Estado, dotada de patrimonio propio.

La Corte de Concepción declaró no es posible concluir que se hayan vulnerado las garantías constituciones contempladas en el artículo 19 N. º 1, Nº 2, N. º 4 y N. º 24 de la Constitución Política de la República.

La Corte consideró que información de inteligencia era de fuente pública.

La Corte declaró que los hechos descritos ya estaban en conocimiento de un Tribunal competente.

El ente contralor adujo que, esto, en la medida que las mismas se refieran a la autorización, control y prevención de riesgos respecto de las instalaciones radiactivas que se encuentran dentro de una instalación nuclear.

La gestión pendiente incide en autos infraccionales seguidos ante el Primer Juzgado de Policía Local de la Florida, actualmente en conocimiento de la Corte de Santiago.

La gestión pendiente incide en proceso contencioso administrativo, de que conoce la Corte de Santiago.

Máximo Tribunal señaló que a la luz de los principios orientadores de la reforma procesal penal procede decretar el abono solicitado.

Recurrente estimó vulnerada su libertad personal.