Un grupo de senadoras y senadores hizo ver que “estudios de opinión han demostrado el poco conocimiento e interés en el proceso electoral”.
El reclamo de ilegalidad –como recurso de nulidad-, es un arbitrio de control de legalidad de los actos de la Administración, no un recurso de doble instancia en que se pueda revisar el mérito de lo decidido.
Lo impugnado no es uno o más preceptos legales que, en su aplicación en una gestión pendiente produzcan un resultado contrario a la Constitución. Al contrario, se cuestiona la decisión adoptada por la Corte Suprema al rechazar un recurso de reposición que se vincula, a su vez, con la sustanciación de un recurso de revisión desestimado.
No es factible obtenerla sólo con la “Tarjeta Identificación Oficial” que detenta como funcionario internacional, debiendo previamente obtener una cédula de identidad para extranjeros y, luego, solicitar su Clave Única.
No se desprende de los antecedentes allegados que la absolución fuere consecuencia necesaria del afán de abstraer al juzgado de la acción real de la justicia, generando una situación de impunidad a su respecto, que repugna a las obligaciones contraídas por el Estado en materia de protección de los Derechos Humanos, refiere el voto en contra.
Se trata de un interno que se encuentra cumpliendo altas condenas que cumplirá en el año 2072, por lo que debe ingresar a un establecimiento con adecuadas condiciones de seguridad. Tampoco puede ingresar a una unidad carcelaria con una tasa de sobrepoblación que supera el 142%.
La contradicción es un vicio de la sentencia de carácter puramente semántico que se produce cuando en el relato fáctico se plasman elementos que, por ser antitéticos, resultan incompatibles entre sí, produciendo una laguna en la fijación de los hechos.
Los planteamientos de la defensa implican una nueva valoración de la prueba, lo que es ajeno a la naturaleza de este arbitrio, refiere el voto en contra.
Para que surja responsabilidad extracontractual es preciso que además de daño exista una actuación positiva o negligente y la concreción de nexo causal entre dicha acción y el evento dañoso.
También se refiere a la forma de proceder de las Contralorías Regionales en los casos de falta de probidad administrativa que conozcan -que eventualmente pueden ser calificados como ilícitos penales-.
