La Sala del tribunal de alzada estableció un actuar ilegal y arbitrario de la casa de estudios al desconocer la calidad de alumno de los recurrentes e impedirles la continuidad de estudios.
El Tribunal ratificó la multa impuesta por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) al rechazar la reclamación de los dueños del local comercial.
Pese a la presentación de un protocolo de acuerdo y tras un intenso debate, se rechazaron, además, el programa subsecretaría de Educación y el capítulo Dirección de Educación Pública.
El requirente alega que las normas legales objetadas infringen el principio de legalidad y de proporcionalidad, la igualdad ante la ley, la libertad contractual laboral, y el derecho de propiedad, ya que no sólo la empresa primitiva aún existe, sino que además la demandante nunca prestó servicios para el continuador legal.
Luces, venta de bencina y multas: todo lo que tienes que saber de la nueva Ley de Tránsito. Revisa los motivos por los que Carabineros podría sacar de circulación tu vehículo a partir de este viernes 10 de noviembre.
El objetivo de ampliar la cobertura se justifica en el mandato de progresividad de los derechos, el cual demanda que a medida que el Estado tenga mayores capacidades se garanticen en mayor medida los derechos de las personas. Se observó la necesidad de aumentar la protección de los adolescentes, porque no cuentan con amplias alternativas para la satisfacción de sus necesidades de alimentación escolar.
El requirente alega que la norma legal objetada infringe el derecho a un justo y racional procedimiento, el derecho al debido proceso, su derecho a defensa, a producir pruebas, y el principio de seguridad jurídica, al privarlo del derecho a presentar pruebas para acreditar que efectivamente no fue notificado.
Se ha establecido que la obligación procesal del Estado en virtud del artículo 2 de la Convención requiere una respuesta de derecho penal, y que a las víctimas se les debe dar la oportunidad de participar en este proceso, en la medida necesaria para salvaguardar sus intereses legítimos. Esto no puede compensarse con la posibilidad de que puedan presentar una demanda civil separada, ya que dicho procedimiento no examinaría la responsabilidad penal del acusado.
Si una zona es declara con escasez hídrica, con el objeto de reducir al mínimo los daños generales derivados de la sequía, especialmente para garantizar el consumo humano, saneamiento o el uso doméstico de subsistencia.
La Comisión de Gobierno Interior concluyó con la tramitación del articulado del texto, que se encuentra en primer trámite constitucional.
