El fallo no sólo contraría el texto expreso de la Constitución Política de la República, sino que además desdibuja el orden institucional y estresa gravemente las relaciones entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional.
Según la solicitud de medidas de protección, el beneficiario habría sufrido malos tratos en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y no habría recibido atención médica a su situación de salud.
En la resolución el ministro Hormazábal sentenció a Morales López a la pena de 10 años y un día de presidio.
La decisión la anunció el titular de Salud, Jaime Mañalich. La intención es que la Comisión ad hoc de la Cámara Alta estudie en paralelo los cambios a Fonasa y a las Isapres pensando en la creación de un Plan Único de Salud aplicable a los dos sistemas de atención.
La decisión fue acordada con la prevención del Ministro Sergio Muñoz.
Se estableció que no se encontró de manera alguna acreditado que el hecho invocado en el recurso constituyó un acto arbitrario o ilegal.
Corolario de lo expuesto no existe una vulneración del principio de inocencia, sino que es un ejercicio válido del derecho de defensa.
El ente fiscalizador concluyó que no se divisan antecedentes ni elementos de juicio que den cuenta de incumplimientos en el ejercicio de las competencias de la SISS a dicho respecto.
El máximo Tribunal estimó que la autoridad recurrida se encontraba legalmente facultada para no renovar los servicios a contrata de la parte recurrente.
La gestión pendiente incide en autos sobre demanda de tutela laboral deducida contra la requirente, que fue acogida por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
