CC de Colombia declaró constitucional acuerdo con la OCDE que reconoce privilegios, inmunidades y facilidades a esa organización en territorio colombiano.
La Magistratura constitucional adujo que esto, no exonera al Estado de su responsabilidad de asegurar a los colombianos, una reparación patrimonial en caso de un daño antijurídico causado por los beneficiarios del instrumento internacional.