El máximo Tribunal estimó que la magistratura erró al aplicar primero la rebaja en bloque de la pena asignada, y luego compensar racionalmente la colaboración sustancial con la reincidencia específica del acusado en un delito de tráfico de drogas, lo que en la especie produjo que el tribual de base asignara una mayor pena a la que efectivamente correspondía aplicar al hecho.

Corresponde al prefecto competente, bajo el control del juez administrativo, determinar, teniendo en cuenta no sólo el contexto nacional descrito, sino también las circunstancias locales, si hay motivos para prohibir una manifestación que presenta un vínculo directo con el conflicto palestino-israelí, independientemente de a qué parte del conflicto pretenda apoyar.

Si a menos de 100 metros de distancia del lugar en el que se pretende instalar un local de expendio de alcohol no se ubica un establecimiento educacional, debe concederse la patente de alcoholes, si se cumplen los demás requisitos.

Uno de los temas centrales desarrollados por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), es la asistencia jurídica letrada y efectiva, la cual consiste en el derecho de las personas privadas de libertad de contar con una defensa técnica que no solo haya sido designada, sino que actúe eficazmente durante el proceso.

Pese a no estar regulada por el Código del Trabajo, el pago de la asignación se entiende integrada por su naturaleza a éste al constituirse como un aumento permanente a la remuneración del trabajador, por lo tanto, la acción para exigir su pago prescribe en el plazo de 2 años establecido en el artículo 510 del Código del Trabajo, y no según las reglas del derecho común.

La promoción profesional es un derecho del trabajador cuyo contenido típico es la facultad de acceder a un trabajo más cualificado, o mejor remunerado, o de mejores expectativas. Este derecho tiene tres manifestaciones: el derecho a la formación profesional, el derecho a los ascensos y el derecho a la promoción económica.

Realizó un recuento de sus hitos anuales y destacó el cumplimiento de los 25 años de la adopción del Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI. Además, lamentó los desafíos que ha debido enfrentar la Corte en un mundo cada vez más conflictivo e inestable.

La Decimotercera Sala del tribunal de alzada ratificó íntegramente la sentencia de primera instancia, que rechazó la demanda.

Los exámenes médicos confirmaron la violación y que Georgina Gamboa estaba embarazada y su hija nació en octubre de 1981. Georgina denunció en reiteradas ocasiones haber sido víctima de violación sexual y tortura, pese a recibir amenazas de muerte por ello.

La Octava Sala del tribunal de alzada descartó que la información solicitada a la Municipalidad de Colina tenga el carácter de reservada.