La cámara ha efectuado una elaboración dogmática acerca de la naturaleza de la responsabilidad del Estado Nacional y ha dado una solución que desatiende las circunstancias concretas de la causa, señaladas insistentemente por aquél a lo largo del proceso.

El presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar, se incorporará a la Primera Sala a partir del 6 de enero de 2024, una vez que concluya su periodo en la testera del máximo tribunal.

Las sesiones se celebrarán entre el 13 y 29 de noviembre de 2023. Se trata de los casos Comunidad de La Oroya Vs. Perú, Airton Honorato Vs. Brasil, Tavares Pereira y otros Vs. Brasil, Viteri Ungaretti y otros Vs. Ecuador, Cajahuanca Vásquez Vs. Perú, y Gutiérrez Navas y otros Vs. Honduras.

El documento analiza también los avances y deudas del Servicio Mejor Niñez a dos años de su implementación y la situación laboral en los ELEAM. Asimismo, entrega nuevos datos sobre los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura a 50 años del golpe de Estado, al tiempo que advierte sobre la posible prescripción de violaciones graves a los derechos humanos cometidas durante el estallido.

Vietnam tiene una de las leyes más duras contra el tráfico de drogas en el mundo y es habitual que los tribunales del país impongan la pena de muerte por delitos relacionados a los estupefacientes.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley y la igual protección en el ejercicio de los derechos, ya que no existe fundamento razonable que permita comprender que sólo al Ministerio Público se le entregue la posibilidad de recurrir una vez que se excluya la prueba por infracción de garantías.

No se vislumbra ilegalidad o arbitrariedad en el procedimiento disciplinario desplegado por el establecimiento, teniendo en vista la gravedad del hecho que motivó la medida.

No obstante, aún cuando la legislación actual es clara, existe una problemática que se ha mantenido y que se materializa en las dificultades que otros órganos públicos y/o privados colocan a los extranjeros durante la espera de pronunciamiento de la permanencia definitiva, cuestión que legitima pasivamente a dichas entidades para ser objeto de esta acción constitucional.

Dichas publicaciones no serían recomendaciones ni constituirían la opinión de ella con relación al servicio de apuestas, en tanto se trata de publicaciones destinadas a promover este servicio. En efecto, las habría realizado por encargo de una empresa, a cambio de una contraprestación monetaria.

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