La CGR expresa que la materia a que se refiere la cuestionada resolución de la DIRECTEMAR no se encuentra comprendida entre aquellas afectas al control previo de juridicidad.
Notificada la demanda existe un plazo de 15 días para contestar, más el término adicional establecido en el artículo 258 del Código de Procedimiento Civil.
La decisión de conceder la suspensión fue acordada con el voto en contra del Ministro Pozo, quien estuvo por no concederla por ahora.
La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra Muñoz, quien fue de la opinión de rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia.
La decisión fue acordada con el voto particular del Magistrado Valdés Dal-Ré.
La decisión fue acordada con las prevenciones de la Ministra Egnem y el Ministro Cerda.
La iniciativa tiene como objetivo capacitar a operadores de justicia de la región, reforzando sus conocimientos sobre los estándares internacionales relacionados al derecho a la libertad de expresión, el acceso a la información pública y la protección y el combate a la impunidad de los crímenes contra periodistas.
De producirse la eliminación de los afectados por aplicación de la mencionada potestad, el respectivo instrumento satisfaría la exigencia de ser motivado.
La gestión pendiente incide en autos sobre cobranza laboral, seguidos ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago.
El Tribunal condenó a Carlos Antonio Gálvez Carmona, Ángel Mamani Cáceres y Gary Dante Viza Villca a penas de 5 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autores del delito de tráfico de estupefacientes.
